El constitucionalismo comunitario justicialista.

Actualizado: 26 de abr de 2020

Hacia la construcción de un pensamiento político-jurídico desde la periferia sudamericana

Juan Facundo Besson

Abogado (UNR)

Miembro de la Cátedra Libre Juan Domingo Perón

Coordinador y coautor de la obra “1949. La Constitución de los argentinos”

Facultad de Derecho - UNR.






El constitucionalismo comunitario justicialista

Hacia la construcción de un pensamiento político-jurídico desde la periferia sudamericana


La historia de nuestro pensamiento constitucional no comienza en el siglo XIX luego de los procesos independentistas, las raíces se remontan a la época del Imperio y las Indias Occidentales, con las Recopilación de las Leyes de Indias de Felipe II. Pero como el camino a recorrer hasta la corriente comunitaria justicialista, es larga y escapa a lo propuesto en este artículo, vamos a tomar como punto de inicio el debate constitucional decimonónico; en el cual encontramos, por un lado, a los pro-hombres del iluminismo vernáculo Rivadavia, Alberdi, Sarmiento y Mitre, quienes representaban una idea de arquitectónica constitucional de corte oligárquico-liberal, que tenía por objetivo administrar el Estado semi-colonial al servicio de una minoría rentista, que consagraría sus privilegios en reglamentos jurídicos repletos de referencias a juristas y legislaciones foráneas. En contraposición surge una alternativa, un pensamiento constitucional propuesto desde el Pueblo, que comienza a redefinir desde su singularidad un enfoque sustentado en la tradición hispánica, el anti-iluminismo apriorístico, respetuoso de nuestro mestizaje y el sentido de trascendencia que otorgaba la espiritualidad de nuestra fe fundante; el cual tuvo su punto más alto, en ese siglo XIX, en el proyecto constitucional de la Confederación Argentina con Juan Manuel de Rosas el Restaurador de las Leyes, erigiéndose como gran constituyente y en el cual podemos encontrar el primer conductor que concibe la Constitución como expresión histórica, política, económica, social, cultural y espiritual de nuestra Comunidad.


Dando un salto temporal, en el siglo XX, hay que retrotraerse al ciclo nacional-popular inaugurado con Juan Domingo Perón tras el resultado del 17 de octubre de 1945, para retomar la tradición inaugurada por el “Restaurador de las Leyes”, y que tuvo por objetivo romper la dependencia de nuestro país con Gran Bretaña y cuestionar la nueva hegemonía imperial de los Estados Unidos, mediante una posición de independencia, soberanía, justicia y de tercera posición.


El proceso constituyente de Perón, se consagro jurídicamente en la Constitución escrita de 1949, la cual supralegalizó todos aquellos derechos e instituciones que el justicialismo había instalado en los años previos y marco un rumbo para el futuro. Es debido a ello que no se enmarca dentro del constitucionalismo social clásico, a pesar del afán de los constitucionalistas dogmáticos de ubicarlo dentro de la mencionada corriente. A diferencia de la Constitución de México de 1917 o la alemana de Weimar de 1919, por citar dos claros ejemplos de la corriente social, nuestra Constitución estaba impregnada de un sentido filosófico dado por la idea de Comunidad Organizada, es decir, que venía a dar cuenta de una Constitución Real que reconocía un programa de democracia social y participativa, profundamente cristiana y humanista; edificada en torno a la acción de las organizaciones libres de pueblo, siendo el sujeto político el Pueblo organizado autónomamente y en último lugar, en el plano geopolítico, la Comunidad erigida como un proyecto de civilización alternativo al individualismo capitalista y al colectivismo soviético. Es debido a ello que viene a instituir una nueva corriente constitucional, el constitucionalismo comunitario justicialista, que es original, periférico y se diferencia de las tradiciones constitucionales occidentales conocidas.

De la Constitución real a la escrita: Amalgama Comunidad-Constitución


El surgimiento de un nuevo actor constituyente, dado por una nueva constitución real que se selló el 17 de octubre de 1945, gestó un verdadero proyecto de Nación, es decir, un pueblo unido políticamente con capacidad de obrar y con consciencia de su singularidad política. Antes de este surgimiento, el actor constituyente era una minoría organizada, que nunca invocó la voluntad de la mayoría y la relegó de las decisiones políticas fundamentales. El nuevo actor constituyente, cimentaría la reforma en cuatro pilares vertebrales: la independencia económica, la soberanía política, la justicia social[1] y la cultura nacional.


En este contexto, las relaciones de poder cambiaron, configurándose nuevos modos de construcción de lo político que llevan a una transformación consecuente también en lo jurídico, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Este nuevo paradigma de Estado Democrático de Justicia Social, no se asemeja a las experiencias socialdemócratas europeas o los corporativismos autoritarios. Es preciso señalar que se trata de un fenómeno netamente hispanoamericano y principalmente sudamericano.

La Constitución de 1949, se propuso hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, estatizando el manejo de los recursos financieros, de los recursos naturales, de los servicios públicos y de los principales bienes de producción, con la finalidad de ordenar planificadamente la economía para conseguir un desarrollo autónomo y armónico, que concediera bienestar a todos y a cada uno de los miembros de la Comunidad.


La Constitución de 1949, como así también muchas constituciones provinciales posteriores[2], son el efecto político de ese discurso de Juan Domingo Perón donde plantea la idea política de Comunidad Organizada, idea que presenta dos lecturas posibles según Alberto Buela: "Como sistema social y como sistema de poder, I) Como sistema social sostiene que el pueblo aislado, atomizado, no existe. Sólo existe el pueblo organizado y como tal se transforma en factor concurrente en los aparatos del Estado que le son específicos a cada organización libre del pueblo. II) Como sistema de poder sostiene que éste procede del pueblo que se expresa a través de sus organizaciones. Ni el poder procede del Estado ni del gobierno. Ni el pueblo delega su poder en las instituciones del Estado".[3] Agrega Roy Williams[4] que "...con “Comunidad Organizada” el justicialismo comienza a pensarse a sí mismo y a la filosofía de su tiempo, en estrecha relación con el obrar político y con las posibilidades de un horizonte comunitario nacional. Es así como el discurso de Perón expuesto en el primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949, el 9 de abril de 1949 realizado en Mendoza, debe ser considerado el más relevante de la doctrina justicialista."


La Comunidad es el objetivo central, en el ideario justicialista. Es la categoría que nos permite diferenciarse de la tradición iluminista; por una parte del liberalismo, ya que para Perón la elección de la categoría Comunidad y no sociedad es esencial, ya que la primera significa aquello que compartimos y co-habitamos, mientras que sociedad connota una asociación artificial-racional como la conciben los teóricos contractualistas (Locke, Kant). Mientras que la Comunidad connota características diferentes: orgánica, histórica, tradicional, natural, espontanea, anterior al iluminismo, capitalismo, positivismo, logicismo y racionalismo; la sociedad es artificial, mecánica, calculadora y capitalista la cual es establecida mediante un pacto entre hombres racionales, libres e iguales. Y, por el otro lado, con respecto al marxismo, Perón señalaría que: “(el marxismo) convertirá en materia política la discusión filosófica y hará de ella una bandera para la interpretación materialista de la historia[5]. En este sentido, Perón le contrapone, para diferenciarse del colectivismo insectificante soviético, una Comunidad con impronta espiritual, es decir, una Comunidad que piensa y vive para trascender.


En virtud de lo señalado, se agrega que el Movimiento nacional argentino, con el justicialismo, comienza a tener una doctrina nacional y popular (y con esta afirmación quiero desterrar la categoría de populismo que utiliza la Academia para nominar al justicialismo); la cual es nueva en el campo ideológico mundial. En este sentido, la propuesta filosófica política del General Perón —como gran demiurgo[6]— sin lugar a dudas iba de la mano con el programa político comunitario y un nuevo proyecto constitucional, en el cual el Pueblo tiene la primacía frente al Gobierno y al Estado: no está al servicio de éstos ni debe ser manipulado o dirigido por ellos, sino que ambos deben servir al pueblo y fomentar su bienestar, en el sentido que el gobierno y el Estado hacen lo que el pueblo quiere y defienden un solo interés: el del Pueblo (como lo marca la primera verdad del justicialismo).


En clara referencia a lo señalado, Perón en infinidad de acciones de gobierno, discursos y escritos dejó los elementos que conforman una Teoría Política Justicialista, la cual es vertebrada por categorías propias y originales. En esa ingeniería se destaca la triada compuesta por: 1) Gobierno centralizado: órgano de concepción y planificación, 2) Estado descentralizado: como organismo de ejecución, y 3) Pueblo organizado: elemento activo que hace realidad el proyecto político. Agrega Quarracino "...(que) el Pueblo no es una masa amorfa que delega su poder político en representantes, sino que participa activamente mediante la organización de las asociaciones e instituciones que él mismo crea libremente, no sólo para hacer realidad los planes de gobierno sino para proponer, proyectar, aportar y discutir las políticas que se han de aplicar."[7]


En orden a lo expresado, Quarracino señala que los tres factores Gobierno, Estado y Pueblo actúan armónicamente coordinados: el Estado se subordina en forma absoluta al Gobierno, a la vez que las distintas Organizaciones Libres del Pueblo —y no organizaciones de la sociedad civil— colaboran y cooperan en forma inteligente con el Gobierno y con las instituciones estatales. Agrega el citado autor: "De esta forma el pueblo, como pueblo organizado, crea un sistema social que genera un poder político real que le permite la recreación permanente de un sistema social equilibrado para el logro de la buena vida. Es decir, el poder nace de la comunidad y se proyecta a los aparatos del Estado como factor concurrente en ellos y baja luego a la comunidad a través de las medidas adecuadas que toma el gobierno para la vida buena"[8]. Este pueblo, concebido por el justicialismo, conforma la “Asamblea Constituyente” que va a reactivar el poder permanentemente preocupado por el “buen vivir”, la "felicidad" y la "grandeza" de todos quienes dan unidad e integridad a la Nación. De esta forma el poder constituyente no es una abstracción, como en 1853, ni una separación del “poder originario del Pueblo”.


Expresión escritural de NUESTRA Constitución


El texto de la Constitución de 1949 —piedra fundacional del constitucionalismo comunitario justicialista— será una síntesis del fruto de un realismo político-jurídico que reconocerá derechos e instituciones ya vigentes en la realidad. En este sentido Ernesto Adolfo Ríos sentenció que se trató de la constitucionalización de una realidad justa.[9] De esta forma, a diferencia del iluminismo apriorístico que había nutrido el texto de 1853 presuponiendo que la razón era capaz de construir ex ante una nueva realidad, la Constitución de 1949 será un instrumento jurídico elaborado para dar cuenta de una comunidad dispuesta a autorredefinirse sobre sus propios cimientos[10]. Vino a institucionalizar el ethos argentino-mestizo, es decir, aquello que habita dentro de uno y de la Comunidad, que se estructura a través de usos o vigencias coordinados entre sí a través del tiempo y que a su vez determina un tiempo peculiar.


La Constitución de 1949 expresó en el más alto plano jurídico la resolución de la cuestión nacional en aquel momento, con un modelo normativo de país con soberanía, independencia y justicia social, en sustitución de las obsoletas relaciones jurídicas de producción del país oligárquico heredadas del siglo XX. Cabe poner de relieve que en ese momento el Movimiento Obrero tenía un fuerte peso político-institucional y el desenvolvimiento de la economía había estimulado el surgimiento de un sector social industrial y los sectores medios se encontraban cada vez en mejores condiciones. La Constitución vino a ser el producto de una síntesis histórica, de una organización que contenía: el nuevo rol dirigista del Estado, la participación comunitaria por intermedio de las organizaciones libres del pueblo y una tercera posición diferenciada del liberalismo egoísta e individualista y del estatalismo comunista que insectificaba al hombre.


El anhelo de Perón era aspirar a consagrar un instrumento constitucional, para regir el destino nacional con espíritu comunitario, que logre amplia resonancia en el concierto de los pueblos hermanos. Su intención era expresar un género único, una constitución revolucionaria y enmarcada dentro de la tradición del discurso constitucional federal. En este sentido, es el punto de inicio de una forma de concebir al constitucionalismo en otra clave, en clave situada, en clave comunitaria a pesar de no haber modificado el régimen de representación parlamentaria demoliberal.



Conclusión abierta


La Constitución de la Comunidad, que fuera resultado del proceso iniciado en 1943, finaliza en 1955 cuando triunfa la contrarrevolución oligárquica, por medio de la fuerza, imponiendo la derogación por un militar la Constitución sancionada en 1949 y decretando luego la vigencia de la Constitución de 1853, cuestión que era ilegal e ilegítima atento que el art.21[11] de la Constitución Justicialista disponía un mecanismo diferente para la derogación total o parcial. Luego, en 1957, una Convención Nacional Constituyente en la que participaron las dos facciones de la UCR, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista entre otros, tuvo por única misión convalidar la norma derogatoria en plena proscripción del movimiento político de los mayoritarios sectores populares[12]. Otro embate sufriría —la Constitución de 1949 en 1994 cuando por la ley 24.309 se declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional de 1853, que incluyó las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, y dejó afuera el texto de la Constitución de 1949. Lamentablemente dicha reforma se dio con complicidad de algunos hombres y mujeres de nuestro Movimiento, que, traicionando el legado de Perón, fueron participes necesarios, por acción u omisión, de la entrega política-jurídica de nuestra Patria.


Hoy vemos que hay una revitalización de los preceptos de la Constitución de 1949, en la que muchos “constitucionalistas” insisten en colocarla como un ejemplo más del constitucionalismo social, como si fuese un instrumento jurídico de un Estado de Bienestar europeo o keynesiano y de esta forma negar que estaba impregnada del sentido filosófico dado por la idea de Comunidad Organizada, es decir, que venía a dar cuenta de una Constitución Real que reconocía un programa de democracia social, participativa, profundamente cristiano y humanista; edificada en torno a la acción de las organizaciones libres de pueblo, siendo el sujeto político el pueblo autónomo organizado libremente y en último lugar, en el plano geopolítico, la Comunidad erigida como un proyecto civilizatorio alternativo. Otro mal que causan, en su afán de reivindicar a la Constitución de 1949, es pretender derogar en este momento histórico, la Constitución escrita, lo cual a priori se torna necesario, pero es necesario construir una estrategia a largo plazo e interrogarse sobre qué circunstancias debe darse, cómo pensamos una nueva constitución real con justicia, soberanía e independencia y con el protagonismo de qué actor constituyente. La respuesta a estos interrogantes los dá Alberto González Arzac, discípulo de Arturo Enrique Sampay, en su obra: “Pensamiento Constitucional de Arturo Sampay”, cuando evoca una anécdota de Alfredo Eric Calcagno, el cual le comentó que durante la década del 60 los líderes de la CGT le pidieron a Sampay que redactara un proyecto de Constitución Nacional, ya que el constitucionalista entrerriano había sido el arquitecto de dicha obra política-jurídica. A lo que le responde éste último, que las constituciones se hacen para institucionalizar revoluciones, y que cuando las fuerzas populares hicieran la revolución, con mucho gusto redactaría la Constitución que la institucionalizara.


En orden a lo señalado y en vistas a los intentos por querer reivindicar de forma irresponsable la Constitución de 1949 o de ocultarla, surge el siguiente interrogante ¿Es posible revitalizar una matriz constitucional comunitaria justicialista, hoy? En primer lugar, hay que realizar una aclaración a fin de re-pensar nuestro proyecto constitucional; no se trata de practicar una estética jurídica, que redacte Constituciones gentiles y bien escritas, con profusión de antecedentes extranjeros y múltiples invocaciones al consenso; lo que importa es reconocer que la comunidad política insiste en su propósito de (re)construir el sentido de Nación y Estado con instituciones que rindan cuenta de los problemas de los argentinos, responda a sus necesidades y realice sus anhelos; para ello se requiere un orden político en el que ser realizado. Éste sólo será legítimo si se apoya en la concepción de Comunidad y el profundo respeto a la Doctrina Justicialista, y será efectivo si logra dotarse de cierta consistencia institucional; podrá realizar los postulados constitucionales si muestra capacidad para enfrentarse a los intereses foráneos manejados por la oligarquía financiera y los Estados Hegemónicos.

[1] Por justicia social, debe entenderse, expresa Sampay: la justicia que ordena las relaciones reciprocas de los grupos sociales, los estamentos profesionales y las clases, con las obligaciones individuales, moviendo a cada uno a dar a los otros la participación en el bienestar general a que tienen derecho en la medida en que contribuyeron a su realización. SAMPAY, Arturo Enrique, "Informe del convencional constituyente Arturo Sampay para la reforma constitucional de 1949" en https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=1fb4d70b-85cc-4e7e-a8f5-9e72bd259b3e (consultado el 14 de abril de 2020) [2] Todas la provincias por la disposición transitoria 5ta reformaron sus Constituciones. [3] BUELA, Alberto, La Constitución chaqueña de Evita. Los Sindicatos al Poder. 1951 en https://nacionalypopular.com/2018/09/21/la-constitucion-chaquena-de-evita-los-sindicatos-al-poder-1951/ (consultado el 13 de noviembre de 2019) [4] WILLIAMS, Roy Carlos. “Fenomenología del peronismo”. Buenos Aires. Ed. Biblios. 2015. p. 173


[5]PERÓN, Juan Domingo, "Conferencia del Excmo. Señor Presidente de la Nación, General Juan D. Perón" en http://www.filosofia.org/mfb/1949a128.htm (consultado el 12 de abril de 2020)

[6] En griego demiurgo significa obrero, obrero público en realidad, porque es una palabra compuesta de démos: pueblo y érgon: obra. Así pues, cuando PLATÓN en su obra “Timeo” habla del origen y formación del mundo utiliza la categoría de Demiurgo, un Dios que ordena, pero no crea el mundo. No es un Dios creador como el Dios cristiano. El Demiurgo de PLATÓN es una especie de Dios artesano, industrioso y hábil. Tomando la mencionada categoría platónica podemos señalar que JUAN DOMINGO PERÓN encarnó, como Demiurgo, a las fuerzas vitales de una Nación e Ideas, binomio que decantó en la cosmogonía justicialista que tuvo su momento mítico el 17 de octubre de 1945 y que lograría el punto más alto de la epopeya en 1949 con el discurso de Comunidad Organizada y la Constitución de 1949. [7] QUARRACINO, José A., “Peronismo y Doctrina Social de la Iglesia” en https://historiadelperonismo.com/?p=9821 (consultado el 19 de noviembre de 2019)


[8]Ibidem [9] RIOS, Ernesto Adolfo. “Suite constitucional incompleta” en MARTINEZ, Carlos. 1949: Rumbos de Justicia, Fondo Editorial, 2009.


[10]PESTANHA, Francisco. “La constitución de 1949 como producto histórico cultural”, en https://nacionalypopular.com/2015/04/24/la-constitucion-de-1949-como-producto-historico-cultural-1/ (consultado el 28 de marzo de 2020) [11]Artículo 21.- “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes; pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Una ley especial establecerá las sanciones para quienes, de cualquier manera, preconizaren o difundieren métodos o sistemas mediante los cuales, por el empleo de la violencia, se propongan suprimir o cambiar la Constitución o alguno de sus principios básicos, y a quienes organizaren, constituyeren, dirigieren o formaren parte de una asociación o entidad que tenga como objeto visible u oculto alcanzar alguna de dichas finalidades.” [12] Cabe poner de relieve que el voto en blanco fue el que más apoyos obtuvo con 24,31%, en claro signo de repudio a la violación que estaba llevando adelante la oligarquía y sus aliados.

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